En algunas sociedades desarrolladas, por caso EEUU, está legislada la actividad de lobbista al punto que es muy común que políticos de renombre, luego de abandonar formalmente su actividad como tales, se dedican como independientes o bajo relación con grupos empresarios de envergadura a abogar por sus intereses (de estos últimos) en los ambientes que asi lo demanden. En otros casos son contratados como asesores o miembros de los consejos de administración por sus expertises en determinados temas o simplemente por lo que representan como imágenes corporativas.

En España nada impide a nuestros ex gobernantes realizar actividades privadas luego de retirarse de la política activa con la excepción de que hayan pasado dos años cuando la misma estuviera relacionada con la actividad que desarrollaba en la función pública. Esta restricción en la práctica poco sirve como barrera cuando los cargos sean tan genéricos que la vinculación posterior se haga difícil de relacionar (presidencias, legisladores, etcétera) y sólo aplica en los cargos funcionales de las distintas áreas de gobierno.

No han sido las primeras y lamentablemente tampoco serán las últimas pero las designaciones de los ex-presidentes Felipe González y José María Aznar con cargos remunerados en empresas privadas con intereses en España ha sensibilizado a parte de nuestra sociedad y abierto un debate que da título a este post:

Les paso unos links de algunos medios que se han ocupado del tema

EL PAÍS – EL CONFIDENCIAL – EL CONFIDENCIAL

Legalidad versus Ética

Nuestra legislación contempla para aquellos que hayan detentado el cargo de Presidente una serie de consideraciones que van desde lo económico hasta lo protocolar entre ellas

– pensión vitalicia
– automóvil oficial y chófer
– custodia personal y familiar en el ámbito nacional e internacional
– personal y oficinas para desarrollar su actividad intelectual
– tratamiento como Presidente (aun cuando no estén en actividad)

También como reconocimiento a su gestión de gobierno y exposición pública pueden (susceptible de su aceptación) formar parte del Consejo de Estado (actividad rentada) en tanto y en cuanto ello no sea incompatible con algún otro tipo de actividad .

La idea central de estas consideraciones hacia quien fuera Presidente es que no tengan apremios económicos y puedan seguir trabajando intelectualmente y si lo desean seguir contribuyendo al bienestar de sus conciudadanos.

Hasta aquí diríamos que nada que reclamar, cada individuo es libre de elegir lo que más le convenga en el marco de la ley. Pero que papel juega la ética en estos casos.

Hemos escuchado hasta el hartazgo que quién incursiona en el campo político lo hace en el convencimiento que su tarea será en bien de la sociedad en que se desempeña y por ende a quienes representa. Pero qué decir o pensar entonces de aquellos que a consecuencia de esa “vocación” o ese “sacrificio“ luego hacen uso y abuso de esa posición “ganada”, la utilizan y con creces en provecho propio, sin tener en cuenta si los intereses de aquellos que les pagan (no importa la forma o vía del estipendio) pueden o son opuestos a los de sus conciudadanos).

Quede claro que no me refiero a aquellos que previamente desarrollaban una profesión, consecuencia de la función pública la abandonaron (decisión o incompatibilidad) y cuando vuelven al llano la retoman. Cual es el conocimiento que sus empleadores han detectado en ellos que no sea su capacidad de influir o solicitar devolución de favores de cuando estaban en función de gobierno.

Resulta muy llamativo que en ambos casos tanto Endesa y Gas Natural los contraten teniendo en ejecución contenciosos o negocios en los cuales su ex función pueda resultar beneficiosa. No estoy hablando de delito sino de una capacidad de negociación donde la posición del interlocutor pueda ser decisiva y donde la ética debería primar sobre lo económico.

Pero es probable que, en esta sociedad en que nos ha tocado vivir, pedirle a los políticos un comportamiento ético sea demasiado

Un abrazo

THENIGGER